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El artículo 19 del Estatuto de los trabajadores dice que “El trabajador, en la presentación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene”.

Los diferentes convenios laborales incluían estos derechos de los trabajadores, antes de la aparición de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, con algunos retoques en relación a revisiones médicas.

Así, el convenio de la Enseñanza Privada de Cataluña, hasta el año 1994 decía: “Los Centros y el personal afectado por este convenio cumplirán las disposiciones sobre Seguridad e Higiene en el trabajo contenidas en el Estatuto de los Trabajadores (art.19), y demás disposiciones de carácter general. A tal efecto, al comienzo de cada curso, el Centro podrá solicitar al Institut Català de la Salut, o al médico del Centro, una revisión médica de los trabajadores que así lo deseen”, y hacía  mención de estas revisiones médicas, de una forma muy imprecisa, ya que eran optativas para la empresa y para el trabajador e indicaba que era la Seguridad Social o el dispensario de la escuela el lugar donde realizar esta revisión.

Dando respuesta a estas solicitudes de los Convenios, las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, asumieron estas revisiones a cargo de las cuotas de los TC2, sin coste para las empresas.

En el año 2000, el Ministerio de Trabajo, optó por prohibir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo continuar haciendo estas revisiones:

  • Porque la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social ya incluyen ciertas revisiones periódicas sobre el estado de Salud de las personas.

  • Porque estas revisiones eran medicina preventiva de estado de Salud general (presión arterial, analítica, peso, visión, oída, capacidad pulmonar, etc.) y esta función es del INS o del Institut Català de la Salut y no del Ministerio o Departamento de Trabajo.

  • Porque con el desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –Vigilancia de la Salud– se obliga a las empresas a velar para que no se deteriore el estado de Salud de sus trabajadores a causa del trabajo realizado en cada empresa.

Así pues, esta decisión del Ministerio de Trabajo se hizo totalmente efectiva dos años después, en 2002, en cuanto a la prohibición de realizar las revisiones médicas gratuitas para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Estas revisiones las realizaba, aproximadamente, un 30% de los trabajadores, especialmente de las grandes empresas.

El Convenio actual de la Enseñanza Privada de Cataluña, en su art. 80, continúa con la misma imprecisión acerca de estas revisiones.

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